Por Malú Micher
Ante la votación de las
y los diputados de las comisiones unidas de Equidad de Género, Justicia y Salud
del Congreso de Guerrero que el pasado 10 de Junio desecharon la
iniciativa de reforma enviada por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, para
despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; me uno a las voces de
indignación que se han expresado al respecto.
Las y los diputados que
avalaron el dictamen con el que se desechó la iniciativa para modificar el
Código Penal local y la Ley de Salud del estado, para permitir y garantizar la
Interrupción Legal del Embarazo, han votado a favor de la misoginia y la
criminalización de las mujeres y con base en preceptos morales, no científicos
y no legales.
Reitero que las y los
legisladores tenemos la obligación de conocer y respetar la legislación
internacional, las recomendaciones en materia de derechos humanos, los tratados
internacionales y legislar con base en lo que la mayoría de los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación -siete de once- han reconocido: que la
protección de la vida prenatal no puede ser absoluta o incondicionada y que
debe ser compatible con los derechos humanos fundamentales de las mujeres.
A quienes desecharon la
iniciativa de la ILE les recuerdo lo siguiente:
-El artículo 4º constitucional
establece que las personas tenemos derecho a decidir libremente el número y
espaciamiento de nuestras hijas e hijos.
-La Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha determinado recientemente que el embrión no es persona.
-El Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 2012, durante su 52
periodo de sesiones recomendó al estado mexicano que: “Armonice las leyes
federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que
enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y
amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma
constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general núm.
24” [1]
El Congreso de Guerrero
votó a favor de la violación a los derechos humanos de las mujeres, a pesar de
que se realizaron foros de discusión en torno a la votación de este dictamen y
que a estas reuniones acudieron representantes de grupos civiles,
académicas y expertas en salud sexual y reproductiva, quienes argumentaron a
las y los legisladores que una de las principales causas de muerte materna en
la entidad es el aborto inseguro; incluso, la Ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero acudió para argumentar que la
discusión no es despenalizar el aborto, sino detener la criminalización que
sufren las mujeres que por alguna u otra razón abortan, incluso de manera
involuntaria.
Hubo una fuerte campaña
de represión, hostigamiento y hasta descalificación contra quienes apoyaban la
iniciativa.
Incluso se denunció en redes sociales que se impidió a
activistas y grupos civiles a favor de las mujeres entrar a la reunión de las
comisiones, mientras que a grupos religiosos sí se les permitió. Los
grupos de activistas y la
propia Secretaria de la Mujer del estado sufrieron
acosos, hostigamientos, amenazas e incluso demandas penales con argumentos
violentos y misóginos que rayan en el absurdo.
El día de ayer
integrantes de la academia y feministas enviaron al Congreso local, entre ellas
Gabriela Delgado Ballesteros, Julia Monárrez, Lucía Melgar y Lourdes Enríquez,
en dónde se afirma lo que es inaceptable: “atribuir a las mujeres la
responsabilidad única de evitar el embarazo y en cambio negarle el derecho a
decidir sobre su maternidad”.
En la próxima sesión del
Congreso tentativamente prevista para la próxima semana deberá votarse en
contra del dictamen y proceder a que se despenalice el aborto, y así
respetar las legislaciones y convenios internacionales que el estado mexicano
se ha signado y que le mandatan garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Sin duda, el paso del
tiempo y la posibilidad real de acceder a la interrupción del embarazo en la
Ciudad de México ha obligado a un ejercicio de reflexión y creo es tiempo ya de
desmitificar el tema del aborto; de asimilar que con la interrupción legal del
embarazo, no se obliga ni incita a ninguna mujer a abortar; simplemente,
se diversifican las opciones para quienes se enfrentan ante un embarazo
no deseado o incluso un aborto espontaneo.
No permitiremos que en
este país, la derecha conservadora y retrógrada se autonombre como la única
defensora de la vida y de las familias. Desde el feminismo y en la izquierda
progresista en el gobierno de la Ciudad de México hemos diseñado e implementado
amplias políticas públicas para proteger los derechos de las familias, una vida
digna y el bienestar individual y colectivo.
Que no vengan ahora los
grupos más conservadores del país a decirnos que son los únicos defensores de
estos temas, sería mejor que revisaran los altos índices de mortalidad
materna, el embarazo adolescente y la pobreza de miles de familias que no han
sido protegidas bajo gobiernos conservadores y ciegos.
¡Ninguna
mujer se embaraza para abortar, basta ya de criminalizar a las mujeres… BASTA
YA!
