Tomás Tenorio Galindo.
Posted on jun 6, 2014
OTRO PAÍS
*El aborto en manos del PRD
Al cumplirse en 2007 cuarenta años de la despenalización del
aborto en Gran Bretaña, cuyo límite son las primeras 24 semanas de gestación,
la Iglesia católica de aquel país estableció su posición en términos
envidiables por su mesura y tono conciliatorio. Pidió una transformación “en
mentes y corazones” para disminuir el número de abortos y dijo que eso era
posible “incluso sin cambio de la ley”. No utilizó la fecha para lanzar a la
feligresía a las calles, ni demonizó la legislación, y en cambio ofreció sus
servicios de acompañamiento espiritual para lograr que las mujeres tengan “el
derecho a hacer una auténtica elección”, con el argumento de que muchas mujeres
decían haber carecido de todas las alternativas y formas de apoyo.
En México las cosas son muy distintas. El Distrito Federal es
el único lugar en el que ha sido aprobada una legislación moderna que permite a
las mujeres abortar en las primeras 12 semanas de gestación sin que por ello
deban ir a la cárcel. Esa norma es prácticamente idéntica a la que existe en
más de medio centenar de países, casi todos del primer mundo, y está fundada en
criterios científicos y en políticas públicas alentadas por la ONU y la
Organización Mundial de la Salud. En el resto del país prevalecen leyes
anticuadas que castigan con prisión el aborto en cualquier momento, con
excepciones tales como embarazos por violación o malformaciones del feto.
Sin embargo, a contra corriente de la tendencia
internacional, en 18 estados las leyes en lugar de progresar en la defensa de
los derechos de las mujeres han retrocedido hacia una criminalización extrema,
pues han consagrado en sus constituciones locales la protección de la vida
desde el momento de la concepción. El más reciente caso es el de Nuevo León, donde
una mayoría formada por los diputados locales del PRI y del PAN aprobó el 28 de
mayo una reforma al artículo 1 de la Constitución estatal, por medio de la cual
el Estado reconoce y protege el derecho a la vida desde la fecundación. Para
subrayar el antecedente, votaron en contra de esa reforma los diputados del
PRD, PT y Panal.
Esa alianza del PRI y el PAN se ha manifestado en los 18
estados que han cambiado de esa manera sus constituciones con el respaldo de la
jerarquía católica, la cual ha ejercido su poderío como pretende hacerlo ahora
en Guerrero a propósito de la despenalización del aborto propuesta por el
gobierno estatal. No solamente han bloqueado toda iniciativa de
despenalización, sino que en un retroceso absoluto han sacralizado el castigo carcelario
para las mujeres que interrumpan su embarazo, borrando de un plumazo su
libertad y derecho a decidir.
Para justificar su campaña contra la despenalización, la
Iglesia católica (y con ella el PRI y el PAN) tergiversa el sentido de las
reformas y las estigmatiza como si fueran un permiso para matar. Manipula los
hechos, porque la despenalización no es un llamado a abortar sino un esfuerzo
para reconocer y atender una realidad indeseable que somete a las mujeres a la
clandestinidad y a un sufrimiento que el riesgo de ir a la cárcel profundiza
aún más. Se ha dicho hasta la saciedad sin que entre por los oídos de los
obispos y los diputados conservadores: el aborto es un problema de salud
pública, no de moral religiosa. Atacarlo con fórmulas de fanatismo religioso
equivale a no hacer nada para frenar su práctica. Y al contrario, está
comprobado que la despenalización del aborto reduce su incidencia, hasta por el
simple hecho de que desaparece el temor a la prisión.
El proyecto para despenalizar el aborto en Guerrero es una
enorme oportunidad para introducir en la legislación del estado una perspectiva
moderna que privilegia los derechos y las libertades civiles de las mujeres.
Con ese criterio consiguió la capital del país abandonar el tercer mundo, pese
a la oposición del clero.
El sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, de la arquidiócesis de
Acapulco, propuso hace unas semanas resolver el tema con una perspectiva
distinta que él llama “humanitaria”. Con una claridad que harían bien los
diputados locales en seguir, Mendoza Zaragoza planteó que el papel de la
Iglesia es formar conciencias “para que a pesar de que el aborto sea permitido
por la ley, no haya mujeres dispuestas a hacerlo”, sin entretenerse en “la
maraña de despenalizar o penalizar”. En una bocanada de autocrítica, dijo que
“yo reconozco que desde la Iglesia no hemos atendido la formación de la
conciencia de las mujeres ni de los hombres, porque muchas veces el aborto es
inducido por el varón y tiene igual responsabilidad el varón que la mujer”. Sugirió
adoptar un punto de vista que preserve los derechos de la mujer y el derecho a
la vida, pero admitió que en última instancia “el aborto es un asunto de
conciencia en el que cada quien debe decidir y cada quien decide de acuerdo a
los elementos que tienen en su conciencia y a las condiciones que están a su
alrededor”. En suma, el gobierno debe promover el desarrollo integral de la
mujer y la Iglesia debe hacer lo suyo en el plano de la conciencia, pues “es
ahí donde está nuestro papel”. (El Sur, 22 de mayo de 2014).
La posición del cura Jesús Mendoza se sale de la ortodoxia de
la Iglesia al plantear que ésta debe dedicarse a lo suyo, y demuestra que es
posible la aspiración de la jerarquía católica británica de motivar un cambio
en las “mentes y corazones” para tratar de reducir el número de abortos, que
finalmente es el objetivo en el que todas las posturas deberían confluir. Pero
esa finalidad no se obtendrá dejando las cosas como están, de ahí la
importancia de moderar el rigor legal hoy impuesto contra las mujeres.
No parece que los legisladores locales de Guerrero presten
atención a los argumentos expuestos, o que estén dispuestos a ejercer su
función sin que en ello intervenga el cálculo o el interés político, como
visiblemente es el caso de muchos diputados del PRD. En el PRI y en el PAN
resulta inútil pretender que cambien su postura, pero la balanza está en manos
de los del PRD, porque el PRI y el PAN solos no forman mayoría.
En el Distrito Federal fue el PRD el que promovió y alcanzó
las reformas, en Nuevo León votó en contra de la reforma retrógada impulsada
por priístas y panistas –como es de suponer lo ha hecho en otras entidades–,
pero en Guerrero un número decisivo de los diputados perredistas se inclina
públicamente por rechazar la despenalización, en abierta contradicción con el
programa de su partido.
En consecuencia, ¿será el PRD uno en el Distrito Federal y
Nuevo León, y otro muy diferente en Guerrero? Antier los legisladores del PRD
informaron que aún no hay un dictamen y que todavía no saben cómo van a votar.
¿Pero de veras no saben?, porque ya deberían saberlo.
…Y otra vez el panista Jorge Camacho
Las posiciones oscurantistas del diputado panista Jorge
Camacho Peñaloza lo llevaron al extremo de impedir arbitrariamente el miércoles
pasado la comparecencia de la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio,
ante los diputados de las tres comisiones del Congreso que dictaminarán la
iniciativa de reformas sobre el aborto. En cambio, ese mismo día la diputada
priísta Julieta Fernández Márquez pudo introducir al recinto legislativo a una
treintena de representantes de iglesias evangélicas, que pudieron repartir
propaganda antiaborto y hasta realizar con ella un rito cristiano dentro del
Congreso.
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