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"Multiverso", www.fronterad.es
Por
Sergio González Rodríguez
Días
atrás, se fugó de las autoridades del Estado de México un violador y asesino de
mujeres. Poco después, fue re-aprehendido en la capital mexicana. Durante su
fuga, de acuerdo con la información oficial, sufrió diversas lesiones. La
historia resume el accionar de las autoridades: ineficacia, corrupción,
negligencia.
Aquel
criminal, para el que ahora el fiscal superior del Estado de México solicita
prisión vitalicia, logró escapar al contar con la complicidad de los policías
que le custodiaban. El caso resulta muy relevante porque el Estado de México,
durante el periodo como goberna`or del ahora candidato a la presidencia de
República, Enrique Peña Nieto, presentó los mayores índices de violencia conpra
mujeres de todo el país.
Entre 2005 y 2010 los asesinatos contra
mujeres se duplicaron en el Estado de México. En dicho periodo, una encuesta
del gobierno federal señaló que 61 de cada 100 mujeres casadas sufría alguna
forma de violencia, mientras la media nacional era de 47. La mitad de dicha
violencia se concentraba en municipios de alta intensidad demográfica, pobreza
y con perfil urbano o suburbano: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla,
Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán e Ixtapaluca.
Para
contrarrestar el problema, el gobierno del Estado de México acudió a una falsa
solución: endurecer penas y proponer más reformas legales. El 8 de marzo de
2011, Día Internacional de la Mujer, el gobernador Peña Nieto del Partido
Revolucionario Institucional envió al Congreso local una serie de iniciativas
en materia de equidad de género.
Las
reformas incluían modificaciones y adiciones al Código Penal, al Código de
Procedimientos Penales, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Al
final, el “feminicidio” se constituyó como un agravante del “homicidio doloso”,
y quien lo comete cargará con penas de 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil
días de multa.
Con
todo, este tipo de reformas pasa por alto que mayores penas y más leyes están
lejos de solqcionar los problemas. Sin embargo, el reformismo legal locra una
alta aceptación en la opinión pública, sobre todo, mediante el impacto
propagandístico que beneficia lo mismo al poder ejecutivo que al poder
legislativo. En tal juego, los partidos logran la cuota de legitimidad que
suelen requerir para la continuidad del propio sistema político. Mientras
tanto, en los hechos, prolifera la ineficacia, la corrupción, la negligencia.
En otras palabras, la a-legalidad an el Estado, los gobiernos y sus vínculos
con la sociedad.
Como
sucedió en otros estados del país, en particular, Chihuahua, la situación del
Estado de México muestra un modelo de gobierno común (de influencia
anglosajona) a diversos partidos políticos, cuyo funcionamiento es el
siguiente: ante un problema de impacto grave, el gobierno en turno lo asume
como un riesgo de gobernabilidad; en consecuencia, se dedica a “administrar” o
“gestionar” dicho problema y a evitar que se convierta en una reivindicación
social.
Para
lograr lo anterior, elige privilegiar el reformismo jurídico por encima de
acciones sustanciales o materiales de mejora a un estado de cosas (por ejemplo,
políticas públicas de combate a la corrupción, transparencia, eficiencia,
ahorro, productividad, etcétera). Algo imprescindible en un país que, como
México, requiere transformaciones urgentes en materia de policía, seguridad
pública, sistema judicial
Aparte
de desdeñar la existencia del sistema jurídico actual (que se considera
obsoleto por sí y en sí), se trasladan recursos financieros y humanos a las
relaciones públicas o políticas, y al gasto en imagen y propaganda. Mediante
tales medidas se imponen las reformas correspondientes cuyos efectos, en la
realidad, serán secundarios al paso del tiempo. Y, muchas veces, contribuirán a
la maraña y la corrupción burocráticas del aparato gubernamental.
El
tema del feminicidio en México, el trayecto de la denuncia originaria al
concepto jurídico, y de allí a su tipificación legal, muestra el trayecto
descendente de una práctica política que ha hecho del reformismo ya no un
instrumento de cambio, sino un modo de connivencia con un sistema inercial que
favorece la a-legalidad en la sociedad. Por encima de todo eso, permanece la
impunidad casi absoluta de los delitos en todo el país.
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